La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 24 de junio de 2025 durante la conferencia matutina que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez, está en negociaciones para lograr un acuerdo con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, orientado a la entrega de información y la devolución de recursos presuntamente ilícitos obtenidos durante el sexenio de Felipe Calderón. Sheinbaum aclaró que este proceso aún no está concretado y que, en caso de no formalizarse el acuerdo, “continúa el juicio, es un juicio que está en Estados Unidos”.
En sus declaraciones, la mandataria enfatizó que ha recibido reportes de Pablo Gómez sobre el avance de las negociaciones y subrayó la importancia de recuperar activos para el erario mexicano. “Se está en un proceso de llegar a un acuerdo que tenga que ver con la información y la entrega de los recursos. Si no se llega el acuerdo, continúa el juicio y es un juicio que está en Estados Unidos”, recalcó Sheinbaum, mostrando determinación en caso de que la negociación no prospere.
El caso de Genaro García Luna tiene antecedentes de relevancia tanto en el ámbito penal como en el civil. García Luna fue extraditado a Estados Unidos, donde en febrero de 2023 fue declarado culpable de cargos de conspiración para traficar cocaína y delincuencia organizada, y en octubre de 2024 fue sentenciado a 38 años de prisión por un tribunal de Nueva York. Además, en el ámbito civil, una corte de Miami ordenó el pago de aproximadamente 2,500 millones de dólares al gobierno mexicano por recursos vinculados a sobornos y contratos simulados durante su gestión, decisión que está siendo objeto de apelaciones por la defensa.
De concretarse el acuerdo con la UIF, se esperaría la obtención de información relevante sobre redes de corrupción y la recuperación de parte de los recursos señalados. En caso contrario, el juicio penal en Estados Unidos proseguirá sin interrupción y la Fiscalía también podría impulsar un proceso riguroso en territorio nacional. Expertos coinciden en que estas negociaciones —si se traducen en criterios de oportunidad o testimonio colaborativo— pueden ayudar a desentrañar estructuras de corrupción de alto nivel, pero dependen de la voluntad de cooperación de las partes involucradas.
Este posicionamiento refuerza la estrategia del gobierno federal de priorizar acciones contra la corrupción y el uso de la UIF como instrumento central para rastrear y recuperar activos. Al subrayar que el juicio en Estados Unidos no se detendrá ante un eventual fracaso en la negociación, Sheinbaum pretende enviar un mensaje de firmeza tanto a implicados como a la opinión pública sobre la continuidad de los procesos judiciales más allá de acuerdos extrajudiciales
