La mañana del 18 de junio de 2025, agrupaciones de taxistas de la zona conurbada Veracruz–Boca del Río se concentraron para exigir a la administración estatal que no autorice la operación de plataformas de transporte privado como Uber, Didi e InDrive. La protesta se realizó frente a puntos estratégicos de la ciudad, donde los conductores expresaron su rechazo a lo que consideran competencia desleal y falta de cumplimiento de requisitos normativos por parte de conductores particulares
Raúl Mendoza Alducin, presidente adjunto del Servicio de Taxis de la Central de Autobuses de Veracruz (Sertacaver) y representante de la Alianza de Transportistas y Anexos del estado de Veracruz, declaró que han solicitado una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle o el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, para establecer mesas de diálogo. Según Mendoza Alducin, el sector taxista está consciente de que “a partir del día 26 va haber una plática con gobierno del estado a través de la gobernadora para que puedan llegar a una negociación” con representantes de las aplicaciones, pero insiste en que su petición central es que “no entren estas aplicaciones” al territorio veracruzano
Los taxistas argumentan que los vehículos particulares operados vía apps no pagan las concesiones ni cumplen con los requisitos que marca la normativa de transporte público estatal, lo que, a su juicio, constituye una competencia desleal. Asimismo, señalan que estos conductores no afrontan los costos asociados a seguros, revisiones técnicas, derecho de concesión y otros pagos que el sector de taxis sí asume, afectando directamente sus ingresos diarios
En la manifestación se leyó también la petición de que, en caso de autorizarse la entrada de estas plataformas, se permita únicamente operar a través de automóviles con concesión formal, para “garantizar la equidad en el cumplimiento de la ley” y “asegurar la seguridad de los usuarios”.
En redes sociales y medios locales, la movilización obtuvo amplia cobertura, donde algunos usuarios expresaron apoyo a los taxistas por la defensa de su fuente de ingresos, mientras otros opinaron a favor de la competencia y alternativas de movilidad. Sin embargo, las agrupaciones de taxistas enfatizaron que su postura no es contra la tecnología, sino contra la homologación de condiciones: “Que las utilicen, pero a través de un carro concesionado; nosotros, por mínimo cuando tenemos que hacer un movimiento cobramos entre 120 o 150 pesos, súmalo por todos los taxistas que somos, tan solo en la zona conurbada somos más de 13 mil taxis trabajando”, exemplificó Mendoza Alducin
Por su parte, el gobierno estatal ha confirmado que efectivamente se analizará la regulación de aplicaciones de transporte y que se sostendrá el encuentro programado para el 26 de junio de 2025, donde estarán presentes funcionarios de la Secretaría de Gobierno y representantes de transporte público, así como delegados de las plataformas interesadas. Hasta el momento, no se ha emitido resolución definitiva, pero se prevé que la mesa de diálogo aborde aspectos como requisitos de seguridad, seguros de pasajeros, cumplimiento fiscal y derechos laborales de conductores
Estudios y experiencias en otras entidades muestran que sumar requisitos de concesión a conductores particulares puede elevar barreras de entrada y mantener estándares de seguridad, aunque también puede encarecer el servicio para usuarios. Por ello, la mesa de diálogo deberá sopesar factores de accesibilidad, seguridad vial, competencia justa y recaudación fiscal.Entre las preocupaciones adicionales que han expuesto los taxistas están la seguridad de conductores y pasajeros, argumentando que los procesos de registro y validación en plataformas internacionales podrían no ser tan rigurosos como los exigidos por la autoridad local. Asimismo, temen que la disminución de usuarios revierta en ingresos insuficientes para cubrir gastos operativos del taxi, lo que podría derivar en impactos económicos para miles de familias que dependen de este servicio.
Desde el gobierno se ha señalado la importancia de atender la demanda ciudadana de opciones de movilidad más diversas y competitivas, pero también de garantizar la seguridad y legalidad en el transporte público.
